La Mesa del Parlament reunida en la mañana de hoy 12 de marzo de 2013 ha decidido aprobar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (Ilp RGC).
La ampliación del informe de oposición del Gobierno de la Generalitat no ha sido obstáculo para su aprobación al cumplir la Ilp RGC con todos los requisitos jurídicos exigibles.
A partir de este momento deberá constituirse la comisión de juristas del Parlament que gestionará la jura o promesa de los fedatarios/as de la Ilp así como el trámite de la numeración y sellado de los pliegos de la ILP.
Por último, felicitar al esfuerzo colectivo de personas, colectivos, organizaciones, entidades, mociones de ayuntamientos, etc., que ha permitido superar la oposición del Gobierno de la Generalitat y hacer realidad el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía a través de la Ilp.
Visita a la Consejería de Bienestar y Familia.
El viernes 22 de Febrero una representación de la comisión promotora de la ILP por la Renta Garantizada de Ciudadanía se reunió con la Consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté.
La consejera y su equipo querían transmitir el posicionamiento del gobierno en frente de nuestra ILP. Este posicionamiento, contrario a la tramitación, según la consejera no tiene que estar contrapuesto a la visión que compartimos de la extrema situación en que nos encontramos. Y aquí es donde empiezan nuestras matizaciones.
Desde la Comisión Promotora de la ILP le explicamos a la consejera y a su equipo que si el Gobierno hace un informe desfavorable por la admisión a trámite de la ILP, motivado por una afectación presupuestaria, cometen un error, puesto que tiene que tener afectación presupuestaría en el año en curso y este no es el caso.
Entendemos que el Gobierno, y el partido que lo conforma (CiU), tengan dudas sobre el alcance económico de una renta como esta, nosotros también tenemos sobre los ingresos de la Generalitat, o sobre cierto tipo de gastos no sociales, pero en cualquier caso este no es momento de hablar de esto.
Ahora estamos en el proceso de ver si la propuesta de ILP cumple con los requisitos establecidos por la ley, y los cumple. De ver si desde el punto de vista de los servicios jurídicos y de la propia Mesa del Parlamento es admisible a trámite, y lo es. El gobierno y CiU, en caso de poner palos a las ruedas de esta ILP, estará incurriendo en una falta muy grave a la democracia. Estará intentando prohibir que un grupo de ciudadanas y ciudadanos ejerzan su derecho a recoger cincuenta mil firmas y que el contenido de la ley sea debatido en sede parlamentaría. El movimiento del Gobierno de intentar que esta ILP no sea admitida a trámite es cómo si el Gobierno pretendiera impedir que cualquier grupo parlamentario no presentara una proposición de ley, sólo, porque no le gusta la propuesta. En unos tiempos donde todos nos llenamos la boca del derecho a decidir y de radicalidad democrática, estaría bien que un Gobierno, y un partido que tanto se llenan la boca, dejaran a la ciudadanía expresarse, en ninguna parte de censurar de forma despótica.
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